El pasado 11 de octubre entró en vigor la Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude con el propósito, entre otros, de combatir el llamado software de doble uso, que permiten llevar una doble contabilidad y que ya está prohibido en España. Los autónomos y los pequeños comercios tendrán que decir adiós a la caja B y rehuir de los sistemas utilizados para solapar transacciones.
Los programas prohibidos permiten llevar una doble contabilidad. Los más desarrollados admiten incluso la posibilidad de emitir tiques con el importe íntegro de una compra, pero sin que esta quede reflejada en la contabilidad oficial.
El uso de este tipo de software se ha extendido a lo largo de los años, de modo que es difícil precisar la cuantía de los recursos que han dejado de pagar impuestos. No obstante, se estima que el empleo de este tipo de programas ha generado una pérdida de ingresos públicos de varios miles de millones de euros. Exactamente, Hacienda calcula que la cuantía de beneficios encubiertos ronda los 200.000 millones de euros.
Los más habituales son conocidos con el nombre de Phantomware, que es un software oculto instalado en el TPV. El empresario accede al programa pulsando un botón o introduciendo una combinación de teclas.
Otro de uso muy común, se denomina Zipper. En este caso se trata de un programa externo que se almacena en dispositivos extraíbles, como CD y USB.
Multas de hasta 150.000 euros
La reivindicación de los inspectores de hacienda ha sido histórica y recurrente. Entre otras declaraciones, afirman que gran parte del colectivo de los autónomos confiesa “sorprendentemente” ingresos inferiores a los que declaran los asalariados y pensionistas. Desde hace años han manifestado la necesidad de controlarlo y, ahora según dicen, “Por fin hay un compromiso para la estimación de la economía sumergida”.
Su utilización, siempre ha sido ilegal , pero el procedimiento sancionador requería constatar el uso indebido. Actualmente las cosas han cambiado, el fisco ataja el problema de raíz: la simple tenencia de sistemas informáticos que no estén debidamente homologados es suficiente para vaciar los bolsillos de contribuyentes avispados o despistados.
Las sanciones pueden llegar a ser muy duras en función del tipo de delito cometido. Hasta 50.000 euros por no disponer de la certificación homologada correspondiente o 150.000 por la ocultación de ingresos.
Remisión automática de tiques
La Ley antifraude, todavía requiere de un desarrollo reglamentario más amplio. De hecho, el plan normativo del Gobierno para 2022 contempla un Real Decreto por el que se aprueba el reglamento que establece los requisitos que deben adoptar los sistemas y programas que soporten los procesos contables, de facturación o de gestión de empresarios y profesionales y la estandarización de formatos de los registros de facturación.
Uno de los propósitos de la Administración, entre otros de mayor calado, es vincular las ayudas del Kit Digital a desarrollar sistemas que permitan la remisión automática de los tiques del profesional. Quizás, la intención sea la de habilitar un procedimiento para pymes parecido al vigente desde 2017 (SII) para empresas con una facturación superior a 6 millones de euros.
Los territorios forales ya lo están haciendo mediante el denominado TicketBAI, aunque desde la Agencia Tributaria (AEAT) rechazan que vaya a replicarse de forma íntegra. TicketBAI permite a las Haciendas Forales controlar todas las facturas que se emiten en la región, sobre todo las de aquellas actividades que normalmente se cobran en efectivo y se utilizará para facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
Ya sea en beneficio de la administración o en el de los propios negocios, lo importante es que los autónomos tendrán la posibilidad de acceder a subvenciones para hacerse con un producto informático que permitirá, no solo adaptarse a los nuevos requisitos impuestos por la prohibición de software de doble uso, sino contar con unos beneficios adicionales para la propia gestión de su empresa.
Beneficios
No todo es “control, control y más control”. Fuentes de la Administración consultadas por autónomos y emprendedores.com recalcaron que «vigilar a los pequeños negocios no es la máxima de este sistema financiado por la UE», y enumeran una serie de beneficios y ventajas para los trabajadores por cuenta propia. Por ejemplo, «poder demostrar de forma certera su caída de ingresos a la hora de solicitar cualquier tipo de ayuda». Y, no solo eso, sino que a los autónomos les serviría también para supervisar su propio negocio y dar garantías de gestión tanto a los demás socios, como a las entidades financieras de cara a pedir un préstamo, o a sus clientes y proveedores. «Todo esto les ayudaría a reducir cargas indirectas», se afirma.
Aunque los cambios no son siempre bien recibidos, la implantación de estos sistemas puede ser también la oportunidad perfecta para que los negocios se digitalicen, mejoren su automatización y lo hagan de la manera que más les beneficie.